Entre enero y junio se realizaron 4.078 actuaciones contra la economía sumergida, que detectaron más de 2.000 infracciones, un 10% más que en 2011
La Comunidad Autónoma y los agentes sociales de la Región se han propuesto 'cazar' a empresarios y trabajadores que defraudan a la Seguridad Social y, por tanto, a los ciudadanos que pagan puntualmente sus impuestos. Para ello se va a poner en marcha el I plan regional contra la economía irregular, cuyo objetivo es «la colaboración de todas las Administraciones para estrechar el cerco a los defraudadores, garantizar los derechos de los trabajadores y evitar la competencia desleal», según indicó ayer en su presentación el consejero de Empleo, Constantino Sotoca.
A través del intercambio de información y el cruce de datos entre las administraciones estatal, regional y local, se perseguirá la ausencia de afiliación y alta de trabajadores en activo, el pago de parte de la nómina en 'dinero negro' o la compatibilización ilegal de trabajo no declarado con la percepción de prestaciones o subsidios por desempleo.
El plan, diseñado por la Consejería y los agentes sociales (CC.OO., UGT, CROEM), contempla once medidas y establece protocolos de actuación. Así se firmará un acuerdo con la Federación Regional de Municipios por el que los ayuntamientos informarán a la Consejería de cualquier indicio de irregularidad. Y se suscribirá un protocolo de colaboración con las Consejerías de Hacienda e Industria para localizar actividades fraudulentas. Será la Dirección General de Trabajo la que traslade los posibles casos de fraude a la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social para su investigación.
En el primer semestre del año, se realizaron en la Región 4.078 inspecciones laborales contra la economía sumergida. De ellas, más de 2.000 detectaron irregularidades; 564 (13,83%) se tradujeron en una sanción por falta de afiliación y alta en la Seguridad Social, y otros 1.452 casos terminaron en altas de oficio o inducidas. Estos datos suponen un incremento del 10% con respecto al año pasado.
El subsecretario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, que participó en el acto, afirmó que el plan se complementa con las medidas del Ejecutivo central contra el fraude fiscal y el empleo irregular, aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Llorente destacó que el importe económico de las infracciones pasó de medio millón de euros en el primer semestre de 2011 a cinco millones en lo que va de 2012, es decir, un 858% más. Unas cifras «difíciles de precisar» en la Región, según Sotoca, que remitió a un informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda de 2009, que situaba la economía sumergida en el 24,3% del PIB regional.
Fuente: la verdad
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